Por Mariano Rovatti
En la Argentina de hoy, puede verificarse una dualidad entre el derecho y la realidad. Mientras el orden jurídico muestra un sistema que garantiza los derechos de las personas con discapacidad éstas deben lidiar de manera concreta con un sistema político, económico y social cada vez más hostil.
Conforme la jerarquía de las normas, el derecho de
las personas con discapacidad en nuestro país se sostiene en la Constitución
Nacional, en el artículo 75 (atribuciones del Poder Legislativo), en su inciso
23. Por él, corresponde al Congreso,
legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y
ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las
personas con discapacidad.
La misma Constitución Nacional en su inciso anterior, prevé la posibilidad de otorgar ese rango a los tratados internacionales. Ello se ha concretado mediante la Ley Nacional N° 27.044, que hizo lo propio con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya había sido ratificado previamente por nuestro país, mediante la Ley Nacional N° 26.378.
Dicho tratado internacional marcó un hito mundial en la historia de la discapacidad, ya que introdujo un cambio de paradigma que desplazó el modelo médico-rehabilitador -que concebía a la persona con discapacidad como un objeto a curar- por el modelo social, que entiende a la discapacidad como la interacción entre una condición propia de la diversidad humana y las barreras legales, económicas, sociales, educativas, arquitectónicas y culturales que opone el entorno. Ello determina que las personas con discapacidad sean titulares de derechos humanos que garanticen su inclusión en todos los órdenes.
En el andamiaje jurídico de la discapacidad, se destaca asimismo la Ley Nacional N° 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, obligando a las obras sociales, empresas de medicina prepaga y al Estado a garantizar la cobertura integral de terapias, educación, transporte y apoyos. También son importantes –entre otras- las leyes nacionales 22.431 (Sistema de Protección Integral) que establece el cupo laboral del 4% en el sector público nacional y regula cuestiones de transporte y accesibilidad arquitectónica; y la 27.793 (Emergencia Nacional en Discapacidad), sancionada para resguardar la continuidad de los apoyos, la actualización arancelaria de los prestadores y la simplificación en la tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Desde 2023, en algún cajón de la Casa Rosada duerme una prolongada siesta un anteproyecto de ley integral, modificatorio de la legislación vigente -parte de la cual fue sancionada por la dictadura militar- y todo el conjunto de normas complementarias. Dicho trabajo surgió de la gran cantidad de debates y propuestas realizadas a lo largo de todo el país, en el que participaron organizaciones y dependencias oficiales especializadas en el tema durante los años 2022 y 2023. Ese proceso de discusión fue promovido y coordinado por la ex Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS). Frente a la inminencia de la asunción de las actuales autoridades nacionales, la iniciativa quedó congelada y ni siquiera entró formalmente al Congreso para su tratamiento.
Pero la realidad económica y social dista mucho del carácter tuitivo del orden legal vigente. Se estima que en nuestro país viven cerca de 6 millones de personas con discapacidad, las que tienen una serie de obstáculos materiales al pleno ejercicio de sus derechos.
Desde antes de la asunción del actual gobierno, las personas con discapacidad ya venían padeciendo las barreras del entorno físico, socioeconómico y cultural.
El cupo laboral obligatorio del 4% en el sector público suele registrar incumplimientos. En el sector privado, la falta de incentivos efectivos y los prejuicios actitudinales mantienen elevados índices de desempleo en el colectivo. Ésto refuerza la dependencia de prestaciones asistenciales —como la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral—, las cuales históricamente enfrentan exigencias de actualización arancelaria para mantener su valor frente a la inflación.
El Sistema de Prestaciones Básicas sufre asimismo tensiones recurrentes debido a la brecha entre los aranceles fijados por el nomenclador nacional y los costos reales de los tratamientos. Esta situación afecta directamente a profesionales, transportistas y centros asistenciales, amenazando la continuidad de las terapias de rehabilitación y acompañamientos escolares.
A pesar de la normativa sobre accesibilidad, la infraestructura pública y el transporte en distintos puntos del país aún carecen de adaptaciones universales. Asimismo, la transición hacia escuelas verdaderamente inclusivas enfrenta falta de recursos, apoyo docente capacitado, resistencias ideológicas y acompañamiento pedagógico sostenido.
Todo ello sumado a una situación adversa desde lo cultural, al negar la sociedad la entidad del desafío. Sólo tienen la cuestión en su agenda quienes viven en su propio metro cuadrado la temática de la discapacidad y sus barreras.
A esa realidad adversa, se sumó la agresiva política llevada a cabo por el actual presidente Javier Milei. El brutal ajuste fiscal ha impactado directamente en la cadena de pagos del sistema de prestaciones. Si bien el Gobierno nacional ha implementado mecanismos de actualización mensual basados en el índice de precios al consumidor (IPC) para los honorarios profesionales, las organizaciones del sector denuncian que ésto resulta insuficiente ante la inflación acumulada y el desfinanciamiento del área de discapacidad. Esto ha provocado que muchas familias deban judicializar –generalmente con buenos resultados- el acceso a terapias básicas que por ley estarían garantizadas.
También resultó nociva la quita de la pensión a 110.000 personas con discapacidad, resuelta de un plumazo con la excusa de presuntas irregularidades en un puñado de trámites, denunciadas por el anterior vocero presidencial, en uno de sus más recordados ejercicios histriónicos. El gobierno decidió la baja sin tener acreditadas las mismas, obligando a los beneficiarios a reiniciar su trámite desde cero, cursando notificaciones a domicilios erróneos o no actualizados. Muchos de ellos se enteraron de la baja al intentar cobrar el beneficio, sin que mediara notificación válida del cese.
Otros aspecto preocupante es el evidente retorno hacia el modelo capacitista. La disolución de la ANDIS y la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) dentro del ámbito del Ministerio de Salud es una manifestación de ello. Al reducir la discapacidad a una cuestión puramente asistencial o sanitaria, se desplaza a la persona de su rol como sujeto político de derechos. Cuando las políticas públicas se retrotraen, el cuidado vuelve a recaer como una carga privada sobre las familias —especialmente sobre las mujeres— revirtiendo décadas de lucha por la autonomía personal.
Dicho desmantelamiento de la ex ANDIS y de otras áreas clave han generado una fragmentación en la gestión. La falta de una escucha activa a las organizaciones de la sociedad civil ha llevado a un escenario de movilización permanente, donde distintos colectivos representativos del sector tensionan la agenda pública exigiendo el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Dicha norma fue trabajosamente aprobada por el Poder Legislativo y luego incumplida sistemáticamente por el Poder Ejecutivo. Incluso en el proyecto de presupuesto nacional, se incluyen cláusulas que derogan de hecho la Ley de Emergencia.
La Argentina no carece de leyes, sino de voluntad política para hacerlas operativas. El modelo social de la discapacidad nos recuerda que la exclusión no reside en la supuesta deficiencia de la persona, sino en la inhabilitación que produce el entorno.
Para que la Constitución y la Convención dejen de ser simples piezas literarias, y se conviertan en una realidad viva y concreta, la discapacidad debe dejar de ser concebida como un gasto para ser una cuestión de derechos humanos fundamentales. El futuro de este colectivo depende de que ellos sean asumidos como una política de Estado, y no como una simple cuestión privada de las familias.
El autor es abogado y titular de Possumus, estudio jurídico especializado en discapacidad.
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