¿Para qué sirve un amparo de salud?

 

Es una acción judicial rápida y expedita que puede utilizar cualquier persona que considere vulnerado su derecho a la salud por parte de una obra social, una prepaga o el Estado. Se fundamenta en la Constitución Nacional y su objetivo es obtener una respuesta urgente que no puede esperar los tiempos de un juicio ordinario.

Se interpone ante situaciones donde la cobertura es denegada, demorada o retaceada. Los casos más comunes suelen ser:  

* negativa de medicamentos, especialmente aquéllos de alto costo o para enfermedades crónicas uoncológicas.

* tratamientos de discapacidad, por falta de pago a prestadores o negativa a cubrir terapias integrales cubiertas por la Ley 24.901.

* entrega de prótesis o insumos,  cuando la entidad ofrece material de menor calidad o con  demora la entrega.

* tratamientos de fertilidad, por incumplimiento de la Ley de Reproducción Asistida.

* internaciones o cirugías, por falta de autorización de procedimientos urgentes o necesarios.

El proceso funciona del siguiente modo: 

Reclamo previo: Es necesario haber enviado una carta documento bajo apercibimiento de iniciar reclamos judiciales, o realizar un reclamo administrativo con respuesta negativa -formal o encubierta- o el silencio. De ser posible, la negativa tiene que ser por escrito.  

La Medida Cautelar: Al iniciar el amparo, hay que solicitar una medida cautelar, fundándola en la verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Con ello, el juzgado puede ordenar que la cobertura se otorgue de inmediato, sin esperar a que el juicio termine. Es importante tener en cuenta que el amparo no termina con la cautelar. 

Sentencia: Luego de la cautelar, el juicio continúa hasta resolver la cuestión de fondo, es decir, confirmar si la obligación de cobertura es permanente.

Para ello, hay que cumplir con los siguientes requisitos: 

Acreditar la dolencia, con certificados médicos actualizados y la orden en la que el médico tratante explique por qué ese tratamiento es el adecuado y no otro. El diagnóstico debe ser preciso, así como la descripción de la medicación o tratamiento. 

Demostrar el peligro, dejando en claro que la falta del servicio pone en riesgo la salud o la calidad de vida.

Como en cualquier otra acción judicial, es necesario contar con patrocinio letrado profesional, es decir que es necesaria la participación de un abogado para la presentación en sede judicial. 

Un dato importante es que el Plan Médico Obligatorio (PMO) constituye un piso mínimo de prestaciones, pero la jurisprudencia argentina suele dictaminar que si un médico prescribe algo por fuera del PMO por necesidad médica justificada, la prepaga u obra social debe cubrirlo igual, ya que el derecho a la salud es superior a las resoluciones administrativas.