El Nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad fue creado mediante Resolución del Ministerio de Salud N° 428/1999, estableciendo los aranceles para cada una de ellas. Los mismos se fijaron según un criterio de estructura de costos conforme estándares de calidad. Desde entonces se modifica con regularidad para mantener los valores actualizados.
A partir de allí, el nomenclador único para todos los financiadores es un pilar estructural del Sistema de Prestaciones Básicas .
Debido a ello, la Ley de Emergencia en Discapacidad incorporó a la Ley 24.901 el art. 7 bis , que dispone que los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad (PCD) sean iguales para todas las personas jurídicas obligadas por esa norma.
Establece el arancel que pagarán todos y cada uno de los financiadores de la ley 24.901 por cada prestación reglamentada en favor de las PCD. Los financiadores del sistema son las obras sociales sindicales, las prepagas, el PAMI e Incluir Salud.
Que todos los financiadores estén obligados a pagar lo mismo por prestación ha propiciado la creación y sostenimiento de servicios de calidad para PCD a lo largo y ancho del país. También ha garantizado el acceso universal a las PCD a los mismos servicios e igual calidad sin importar su cobertura ni lugar de residencia.
En los hechos, el Estado no garantiza estos servicios que son privados e imposibles de pagar con la regularidad y cronicidad que los mismos requieren.
El reciente proyecto de ley “contra el fraude de pensiones no contributivas por invalidez” prevé en su art. 11 la modificación del art. 7 bis Ley 24.901, habilitando a cada financiador decidir el valor que pagará por cada prestación en el marco de “su relación con los respectivos prestadores garantizando en todos los casos el cumplimiento de los estándares de calidad prestacional”.
Ello configura una pérdida de derechos para las PCD, las que quedan convertidas en rehenes de la voluntad arbitraria de cada financiador. La iniciativa, motivada por un prejuicio ideológico del gobierno y/o por intereses concretos de las prepagas –muy bien representadas por el Ministro de Salud- pone en grave riesgo la posibilidad de acceso de las PCD a las prestaciones que necesitan.
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