Autosuperación individual vs. políticas públicas

 

Por Mariano Rovatti

Es frecuente escuchar en los medios y redes, en algunas instituciones, organismos y en la conversación pública en general, historias de personas con discapacidad en las que logran superar barreras, con fuerza de voluntad, resiliencia y ambición. Buscan generar esperanza, sugiriendo que “el que quiere, puede”. Pero, ¿ello es así realmente?

A tono con el mensaje cultural del presente, que abarca todos los ámbitos –político, económico, social, productivo, laboral, cultural- se pone el foco exclusivamente en el esfuerzo individual, dejando de lado la responsabilidad del Estado y el rol de las organizaciones libres de la sociedad.

Ese discurso va de la mano con la antítesis entre el modelo rehabilitador y el modelo social de la discapacidad. El primero es coherente con la idea de centrar la atención en la voluntad personal –necesaria para superar barreras- y el segundo exige al estado no desentenderse de la discapacidad, en su responsabilidad de eliminar las barreras de la sociedad, para garantizar el acceso de las personas con discapacidad al ejercicio pleno de sus derechos.

También es frecuente exhibir a las personas con discapacidad que superan sus barreras, como un impúdico espectáculo de motivación individual, lo que deriva en la en la relativización o desconocimiento de la falta de accesibilidad, de empleo o de presupuesto público.

La persona individual y el sistema

Para el biólogo y filósofo chileno Humberto Maturana, la relación entre el individuo y el sistema gira en torno a su teoría de la autopoiesis, que es la capacidad de los seres vivos de autoproducirse y a cómo se constituyen los sistemas sociales.

Maturana concluye que  el individuo y el sistema social se encuentran en un proceso de acoplamiento estructural, por lo que se modifican mutuamente en sus interacciones. El individuo afecta al sistema y éste afecta a cada individuo particular, en una relación permanente y dinámica de causa y efecto.

En el tema de la discapacidad, la voluntad individual es valiosa, pero resulta insuficiente si el entorno es excluyente. La autosuperación no reemplaza a las políticas públicas. Éstas cuando son efectivas y transformadoras, hacen más fácil y rendidor al esfuerzo individual.

Ésta cuestión no es políticamente inocente. Realzar el rol de héroe de la persona con discapacidad busca quitarle responsabilidad al Estado como principal obligado a remover barreras, y a las entidades civiles, como sujetos colectivos organizados en base a la solidaridad. El ataque al rol del Estado y la mirada colectiva es una constante del pensamiento único contemporáneo, que endiosa a la libertad individual como el motor básico del accionar de las personas,  y al mercado como el hábitat natural de realización personal del individuo.

La inclusión no es una propuesta, es una obligación.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país por ley 26.378, y elevada a rango constitucional por ley 27.044, define la discapacidad como la interacción entre las deficiencias de una persona y las barreras del entorno.

Por ello, es que su contenido no es una bella obra literaria, sino que constituye una norma jurídica de plena vigencia. El Estado no puede sacarse de encima sus responsabilidades.

La lucha individual sin política pública es una lucha en vano

Es plausible ver al atleta paraolímpico que entrena todos los días y se supera con voluntad, pero si no puede llegar al lugar de entrenamiento porque el transporte público lo excluye, su esfuerzo es inútil.

La voluntad personal no construye rampas en el transporte público, ni garantiza cupos laborales equitativos, ni adapta los planes de estudio en las universidades. Ésas tareas son exclusivas del Estado en todos sus niveles.

Cuando la persona con discapacidad requiere exclusivamente de su voluntad, disciplina o resiliencia, inexorablemente dejamos en carrera sólo a los que ya tienen una posición económica holgada que les permite superar las barreras. Como en cualquier cuestión de tipo social, la ausencia estatal condena a la mayoría a la exclusión, convirtiendo a la posibilidad de inclusión en un privilegio accesible a los hijos de familias ricas o muy prósperas.  

La responsabilidad del Estado de remover las barreras del entorno encuentra su fundamento en una idea de justicia social, basada en el bien común, como valor fundamental de una comunidad organizada.

Hoy estos valores son atacados por el pensamiento único, como presuntamente viejos o insostenibles. Pero esos ataques vienen de una corriente de pensamiento político nacida en el siglo XVIII, hoy relanzada por los medios, las redes y los factores de poder económico mundial, como si fueran una novedad transformadora o revolucionaria.  

La inclusión no es una historia personal para consumir en redes sociales ni un espectáculo de motivación para reconfortar al público. La inclusión es un asunto de derechos humanos, equidad estructural y justicia social. Mientras sigamos aplaudiendo la hazaña individual y no cuestionemos la falta o insuficiencia de políticas públicas, seguiremos prefiriendo el mérito de unos pocos al derecho de todos.